La única vía posible para expulsar del gobierno municipal a aquellos que justifican el terrorismo es presentar una moción de censura que permita la formación de un nuevo gobierno con los partidos que condenan el terrorismo y que respetan el más básico de los derechos humanos: el de la vida.

Se impone la teoría de que el derecho a decidir es un derecho que cohesiona Cataluña. Parece ser que los dirigentes catalanes nos van a cohesionar a golpe de referéndum, cuando pensábamos que lo que cohesionaba a la gente era una historia, unas vivencias en común, pero va ser que no. Son nuestros políticos los que gracias a sus consultas populares nos van a "cohesionar" más a partir de ahora.

Este veto no representa una crítica a la figura de nuestros reyes, a los que se puede tener en mayor o menor estima pero a los que no se les puede recriminar ningún tipo de ataque a las universidades catalanas, sino que es un insulto a lo que representan, es decir, la unidad de España.

Ya no les importa a cada vez más líderes populares que el nacionalismo practique la extorsión, la mentira y el enfrentamiento; si para alcanzar el poder necesita de ellos, ¿qué más da? Se pacta y listo. Lo importante ya no es un proyecto "sugestivo de vida en común" basado en la verdad y en la libertad; si hay que mentir se miente y si mueren hombres y mujeres por no doblegarse frente a la tiranía nacionalista, ¿qué más da? Son sólo daños colaterales. Ahora lo verdaderamente importante es alcanzar el poder.

La actitud del Gobierno de la Generalitat es injustificable por anteponer los intereses de partido a los de Cataluña. El odio que sienten hacia España, les llevó a rechazar un proyecto que habría evitado los problemas de sequía que ahora sufrimos.  Pero es que además ahora tenemos que pagar unas infraestructuras que hace algunos años habrían sido financiadas por la UE

Estas estadísticas nos reflejan la realidad social en Cataluña, sólo uno de cada cinco catalanes lee habitualmente en catalán. Esto nos lleva a pensar que los miembros de la Generalitat, es decir, los representantes de todos los ciudadanos de Cataluña actúan en política lingüística, ignorando al 80% de todos  los catalanes.